Hablar de compliance implica mucho más que referirse a programas de integridad, códigos de conducta o sistemas internos de prevención. El compliance moderno constituye el resultado de una evolución normativa impulsada por el Derecho Internacional, cuyo punto de inflexión se encuentra en la Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada el 17 de diciembre de 1997.
Lejos de ser un tratado limitado al ámbito de la corrupción, la Convención transformó la forma en que los Estados y las empresas conciben la responsabilidad frente a los riesgos derivados de las relaciones comerciales internacionales. Su importancia radica no sólo en las obligaciones jurídicas que impuso a los Estados Parte, sino también en el cambio de paradigma que inauguró respecto del papel del sector privado en la prevención de la corrupción.
Durante gran parte del siglo XX, la corrupción fue abordada principalmente como una problemática interna de los Estados. Las legislaciones nacionales sancionaban el cohecho cometido dentro de sus respectivas jurisdicciones, pero el soborno de funcionarios públicos extranjeros carecía, en numerosos casos, de una regulación específica.
Esta situación generaba una evidente asimetría competitiva. Mientras algunas empresas procuraban acceder a contratos internacionales mediante prácticas transparentes, otras obtenían ventajas indebidas a través del pago de sobornos, afectando la libre competencia y la confianza en el comercio internacional.
La creciente globalización evidenció que la corrupción ya no podía ser tratada como un fenómeno estrictamente local. Era necesaria una respuesta coordinada entre los Estados.
Con la adopción de la Convención, los Estados Parte asumieron el compromiso de incorporar en sus ordenamientos jurídicos normas destinadas a criminalizar el soborno de funcionarios públicos extranjeros, establecer sanciones eficaces y promover mecanismos de cooperación internacional para la investigación y persecución de estos delitos.
Asimismo, la Convención impulsó el fortalecimiento de los sistemas contables y de auditoría, reconociendo que la transparencia financiera constituye un elemento indispensable para prevenir la ocultación de pagos ilícitos.
Uno de sus rasgos más innovadores fue la creación de un sistema de seguimiento entre pares (peer review), mediante el cual los Estados son evaluados periódicamente respecto del cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales. Este mecanismo ha contribuido significativamente a mejorar la implementación práctica de la Convención y a promover reformas legislativas en numerosos países.
El principal aporte de la Convención no fue únicamente la tipificación de nuevas conductas delictivas.
Su mayor legado consistió en reconocer que la prevención de la corrupción exige una participación activa del sector privado. A partir de esta premisa comenzaron a desarrollarse programas de integridad, sistemas de gestión de riesgos, procedimientos de debida diligencia, controles internos, investigaciones corporativas y políticas de cumplimiento destinadas a prevenir ilícitos antes de su ocurrencia.
En este contexto, el compliance dejó de ser una práctica voluntaria para consolidarse como una herramienta esencial de gobernanza corporativa, orientada a proteger no sólo a las organizaciones, sino también a los mercados y al interés público.
La Convención de la OCDE constituye el primer gran hito del moderno Derecho del Compliance. A partir de ella se desarrolló un entramado normativo internacional integrado por nuevos tratados, leyes nacionales y estándares técnicos que profundizaron la cultura de la integridad y redefinieron la responsabilidad de las organizaciones frente a los riesgos de corrupción.
Por ello, comprender el compliance contemporáneo exige comenzar por este instrumento internacional, que no sólo transformó la lucha contra el soborno transnacional, sino que sentó las bases de un modelo preventivo que continúa evolucionando hasta la actualidad.
En la próxima entrega de esta serie analizaremos cómo la OCDE consolidó este proceso normativo, fortaleciendo la efectividad de los compromisos asumidos por los Estados y contribuyendo a la expansión global de los programas de cumplimiento.